Desde hace unos días se ha comenzado a especular con la posibilidad de que la Presidenta Bachelet haga un nuevo cambio de gabinete. Si bien este ha sido negado en el gobierno lo que importa, más allá de si se efectúa o no, es qué lleva a los medios a especular con dichos movimientos.
Es cierto que la prensa chilena buscaría hacer noticia con este cambio y los rumores le dan de que hablar, pero también lo es que “cuando el río suena, piedras trae”. A estas alturas las diferencias entre Velasco y Velasco nadie podría decir que son sólo rumores; de cualquier modo, no sería la primera vez dentro de los gobiernos concertacionistas que se de una disputa entre los Ministros políticos y los económicos. Todos los ministros de hacienda han tenido alguna serie de conflictos con sus pares y si Andrés Velasco no está seguro de esta afirmación, es cosa que le consulte a su “vecino” en Teatinos, Alejandro Foxley.
Así y todo, el tema de fondo que me trae a escribir esta columna no es las diferencias entre los economistas y los políticos, sino el explicar que este no sería un cambio de gabinete cualquiera, sino el final de un laaaaaargo cambio ministerial.
Algunos dirán que este sería el tercer cambio de ministros que haría Bachelet en menos de 18 meses; yo en realidad creo que esto es como en el futbol: cambiar sólo a un jugador no sirve, debes hacer varios cambios si quieres realizar un poderoso ajuste que te sirva para dar nuevos bríos al equipo.
Otros dirán que eso ya se hizo en Marzo. Pero la verdad es que más de uno no lo hemos considerado suficiente. Si bien no suelo estar de acuerdo con las posturas del Senador Adolfo Zaldivar, ni tampoco estuve de acuerdo con él cuando se opuso a más recursos para el Transantiago, creo que la posibilidad de que salga el Ministro de Hacienda es cada vez más real y esa si que sería una necesaria novedad.
Recién mencionaba las difíciles relaciones que han tenido todos los ministros de hacienda con sus pares políticos, pero aun no recuerdo de ninguno que haya llegado al grado de imponerse sobre estos. Normalmente la política rige sobre la economía y quien ejerce el cargo de Presidente termina, de una u otra forma, avalando a los políticos sin desautorizar de forma directa a quien manda en la Hacienda Pública, sin embargo, en el actual gobierno más parece que los economistas predominan sobre los políticos.
El caso Codelco es sólo el último, pero también uno de los más significativos. Cuando una Presidenta socialista que, además es considerada como menos cercana al neoliberalismo permite que sus subalternos dejen desamparados a trabajadores “por ser subcontratistas” dan bastante de que pensar. O ella ha ido cambiando su forma de mirar o ellos están haciendo lo que quieren. Como dudo que una doctora con gran formación como es la Presidenta Bachelet esté de acuerdo con dejar al desamparo a los subcontratistas de Codelco, creo que su Ministro de Hacienda no la está sabiendo interpretar y hace lo que le viene en gana, por tanto, la única solución a la vista sería que él renuncie o le pidan el cargo.
En resumen, para que este gobierno avance en sus materias se necesita un equipo afiatado y si ya se han hecho los cambios necesarios en el área política queda modificar a los ministros del área económica. Es cierto que sacar al Ministro de Hacienda anticipadamente es algo que nunca ha ocurrido en los gobiernos de la Concertación, pero también lo es que la necesidad de dar un vuelco de claro entendimiento y coordinación entre las dos áreas de gobierno es indispensable.
Cuando se han hecho cambios acertados en lo político, viene siendo hora de hacer los cambios restantes. Esto significa la necesidad no sólo de cambiar al Ministro de Hacienda, sino también de hacerlo con aquellos ministros que no han dado el ancho en un año y medio de mandato.
Es cierto que un cuarto cambio de gabinete en sólo año y medio de mandato puede ser mucho, pero también lo es que si la Concertación quiere seguir siendo un verdadero referente debe ordenarse aquello que no lo está.
jueves, agosto 23, 2007
Un Gobierno de Minorías (por Javier Insulza)
Por estos días en España está comenzando el debate electoral con miras a las elecciones generales de principios de 2008. Esta discusión ha estado marcada por los resultados de las recientes elecciones municipales celebradas a fines de Mayo en la Madre Patria y que amenazan con ser uno de los principales temas a tratar (junto con el terrorismo) en la campaña que se avecina.
A raíz de los recientes resultados en los que el Partido Popular, pese a ser vencedor con mayoría relativa, perdió muchos municipios y Comunidades autónomas, gracias a los pactos entre los partidos minoritarios, su Presidente y líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha anunciado que, de llegar al gobierno en las elecciones generales de 2008, promoverá un cambio en la ley electoral que rige a España desde 1976 y en la que reina el proporcionalismo por una en la que sólo pueda gobernar aquel partido que tenga más del 30% de los sufragios.
Más allá del oportunismo de Rajoy, quien tiene claro que esa es una ley que principalmente le beneficia a su partido, el motivo que me lleva a escribir este artículo es lo peligroso que puede ser el buscar leyes electorales a la medida de uno y las relaciones, a lo mejor poco visibles a simple vista, que esto tiene con el pasado reciente de nuestra historia democrática y, porque no decirlo, también con el presente.
La democracia esta hecha para que las mayorías gobiernen y en un lugar donde el que tiene el 30% (o incluso el 49%) pero que no consigue acuerdos para alcanzar el 50% más uno de la representación no puede gobernar o no debiese hacerlo, más aún si el resto (o parte de este) que sumado si alcanza la mayoría relativa se logra poner de acuerdo para llegar al poder.
La propuesta de Rajoy nos recuerda hechos tan poco democráticos o incluso de poca sustentabilidad como nuestra vigente ley binominal chilena o la antigua opción de gobernar luego de que el Senado aprobase entre las 2 primeras mayorías cuando ninguna había alcanzado ni siquiera el 40% de los votos.
El debate que intenta abrir el Partido Popular en España, al igual que la tozudez de la derecha chilena de no querer cambiar el sistema electoral de nuestro parlamento sólo dejan entre ver lo poco democráticas que siguen siendo las posiciones de derecha. Al parecer aún se afirman en los resguardos dictatoriales, en el caso chileno, o buscan en resquicios menores imponerse casi por la fuerza (en el caso español).
Lo que más importa de los dichos de Rajoy y de nuestra derecha chilena es su intención permanente de obtener cuotas de poder que realmente no les corresponden. Si ambos fueran transparentes los hispanos buscarían encontrar alianzas en lugar de resquicios para gobernar en minoría y los chilenos aprobarían una reforma a la ley electoral que permita a la actual izquierda extra parlamentaria entrar en el parlamento; mal que mal, representan a casi el 10% del electorado.
Pero lo más grave es que eso a ellos no les importa. Ambos prefieren mantener el poder que no les corresponde y decirse “legítimos” sin serlo. Por suerte (espero) en España aún reina la cordura y la ley que quiere imponer Rajoy de llegar al poder necesita una alta mayoría que le dificultará llevar adelante su propuesta.
Lamentablemente, a Chile la cordura aún no llega. No sólo la reforma al sistema binominal duerme a la espera de un acuerdo que no parece querer llegar, sino también otros tipos de participación política como el voto de los chilenos en el exterior siguen esperando a que algún día nuestra derecha sea realmente democrática y participativa.
A raíz de los recientes resultados en los que el Partido Popular, pese a ser vencedor con mayoría relativa, perdió muchos municipios y Comunidades autónomas, gracias a los pactos entre los partidos minoritarios, su Presidente y líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha anunciado que, de llegar al gobierno en las elecciones generales de 2008, promoverá un cambio en la ley electoral que rige a España desde 1976 y en la que reina el proporcionalismo por una en la que sólo pueda gobernar aquel partido que tenga más del 30% de los sufragios.
Más allá del oportunismo de Rajoy, quien tiene claro que esa es una ley que principalmente le beneficia a su partido, el motivo que me lleva a escribir este artículo es lo peligroso que puede ser el buscar leyes electorales a la medida de uno y las relaciones, a lo mejor poco visibles a simple vista, que esto tiene con el pasado reciente de nuestra historia democrática y, porque no decirlo, también con el presente.
La democracia esta hecha para que las mayorías gobiernen y en un lugar donde el que tiene el 30% (o incluso el 49%) pero que no consigue acuerdos para alcanzar el 50% más uno de la representación no puede gobernar o no debiese hacerlo, más aún si el resto (o parte de este) que sumado si alcanza la mayoría relativa se logra poner de acuerdo para llegar al poder.
La propuesta de Rajoy nos recuerda hechos tan poco democráticos o incluso de poca sustentabilidad como nuestra vigente ley binominal chilena o la antigua opción de gobernar luego de que el Senado aprobase entre las 2 primeras mayorías cuando ninguna había alcanzado ni siquiera el 40% de los votos.
El debate que intenta abrir el Partido Popular en España, al igual que la tozudez de la derecha chilena de no querer cambiar el sistema electoral de nuestro parlamento sólo dejan entre ver lo poco democráticas que siguen siendo las posiciones de derecha. Al parecer aún se afirman en los resguardos dictatoriales, en el caso chileno, o buscan en resquicios menores imponerse casi por la fuerza (en el caso español).
Lo que más importa de los dichos de Rajoy y de nuestra derecha chilena es su intención permanente de obtener cuotas de poder que realmente no les corresponden. Si ambos fueran transparentes los hispanos buscarían encontrar alianzas en lugar de resquicios para gobernar en minoría y los chilenos aprobarían una reforma a la ley electoral que permita a la actual izquierda extra parlamentaria entrar en el parlamento; mal que mal, representan a casi el 10% del electorado.
Pero lo más grave es que eso a ellos no les importa. Ambos prefieren mantener el poder que no les corresponde y decirse “legítimos” sin serlo. Por suerte (espero) en España aún reina la cordura y la ley que quiere imponer Rajoy de llegar al poder necesita una alta mayoría que le dificultará llevar adelante su propuesta.
Lamentablemente, a Chile la cordura aún no llega. No sólo la reforma al sistema binominal duerme a la espera de un acuerdo que no parece querer llegar, sino también otros tipos de participación política como el voto de los chilenos en el exterior siguen esperando a que algún día nuestra derecha sea realmente democrática y participativa.
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